Desde el inicio de las reclamaciones relativas al índice de proporcionalidad y la pérdida de poder adquisitivo, la postura de ANPE ha sido clara: rigor técnico, transparencia y protección del interés del funcionario por encima de cualquier otra consideración. A día de hoy, los hechos confirman que nuestra hoja de ruta era la correcta.
El aval de los juzgados.
Ya conocemos dos sentencias favorables que dan la razón a los trabajadores. Es altamente significativo que, en ambos casos, la Administración no emitiera una desestimación expresa a la inicial solicitud de reclamación de los funcionarios. Y que igualmente no se condene en costas por la singularidad de la reclamación (a la Administración que es la perdedora).
Desde ANPE entendemos, y advertimos en su momento, que a la Administración no le interesa una confrontación abierta en los juzgados que, ante la reiteración de sentencias negativas, derivaría en una condena en costas para las arcas públicas. Si, como prevemos, el TSJ de Navarra confirma esta postura, estaríamos ante las puertas de una necesaria reforma normativa que solucione esta injusticia de oficio.
El coste real de la espera (a fecha de febrero 2026).
Queremos ser muy claros con las cifras, porque cada mes de retraso es dinero que no se recupera. Según nuestros cálculos técnicos, quienes estuvieran trabajando desde octubre de 2021 y no hayan iniciado su reclamación, ya han perdido definitivamente:
Alrededor de 600 € (docentes de nivel A) y cerca de 400 € (docentes de nivel B).
A lo que habría que sumar los intereses correspondientes.
A día de hoy, cada mes que transcurre sin reclamar supone una pérdida adicional de unos 150 €/mes en el nivel A y cerca de 90 €/mes en el nivel B. Es un dinero que, debido a los plazos de prescripción, nunca se podrá recuperar si no se interrumpe el plazo mediante la reclamación que os propusimos.
Un modelo de asesoramiento basado en la libertad.
En ANPE no entendemos la labor sindical como un negocio de captación. Por ello:
- No obligamos a nadie a afiliarse para informar con transparencia ni imponemos compromisos de permanencia.
- Respetamos la capacidad de acción de cualquier otra organización, pero nos reafirmamos en que nuestro asesoramiento ha sido el más preciso en tiempos y formas.
- Explicamos las diferencias entre funcionarios, ya que no todos tienen la misma urgencia ni situación, evitando presiones innecesarias.
Tenéis toda la información detallada y los pasos a seguir aquí.
Nuestra prioridad sigue siendo que ningún docente pierda lo que legítimamente le corresponde por una falta de asesoramiento veraz.
